miércoles, 9 de febrero de 2011

El mayor desmán financiero de nuestra historia

ANTÓN COSTAS 28/01/2011

Tengo en el cuerpo la incómoda sensación de que estamos a punto de
cometer el mayor desmán financiero de nuestra historia: la entrega de la
mitad, ¡la mitad!, del sistema financiero español, a precios de saldo y
desguace, a bancos, inversores privados y "fondos buitres", como les llama
un conocido y reputado analista financiero, José Carlos Díez, en su blog.
Quizá este malestar es debido a un arrebato de patriotismo. En cualquier
caso, las consecuencias serían muy importantes.

Primero, una concentración desmedida y una disminución significativa de la competencia bancaria, cuyos perjudicados serán familias, profesionales y pequeñas y medianas empresas.

Segundo, la aparición de riesgo de exclusión financiera para personas con baja cultura financiera, que tenían en la proximidad de las oficinas de las cajas un servicio público que los bancos no prestarán.

Tercero, la pérdida de la Obra Social de las cajas, que actúa como un
segundo Estado de bienestar, al atender a situaciones sociales adonde no
llegaban las políticas públicas.

Y, cuarto, la pérdida de un instrumento de dinamización cultural, especialmente en zonas pobres o alejadas. El valor económico que se perdería para la sociedad en su conjunto sería inmenso. Muchísimo mayor que el valor patrimonial o contable, que es lo que ahora está en juego.

Si queremos preservar ese valor económico, la solución no es la fuga hacia
delante, para entregarlas a inversores privados. La solución es la vuelta
atrás, hacia lo que nunca deberían haber dejado de ser.
Las cajas son una institución financiera peculiar. Su mercado geográfico
natural es el local y provincial. Y su función natural el crédito a las familias y pymes. Ese mercado y esa operativa eran coherentes con una específica estructura de propiedad distinta de la de los bancos.
Ha sido una historia de éxito, hasta ahora.

A esta situación se ha llegado a través de un largo camino de despropósitos.
Son muchos los que han colaborado: legisladores, autoridades, reguladores,
supervisores y las propias cajas.

Legisladores, autoridades económicas y monetarias han puesto un empeño
digno de otras causas en liberalizar las cajas para romper sus fronteras
geográficas naturales y dejar que hicieran todo lo que hacían los bancos. No
midieron los riesgos. Esa libertad que se otorgó a los directivos chocaba con
la lentitud de sus órganos de gobierno a la hora de tomar decisiones en
momentos de crisis.

Los directivos aprovecharon esa liberalización para una expansión
irresponsable y para concentrar las inversiones en inmuebles y suelo. Como
los depósitos de los impositores no daban para financiar la expansión
crediticia, se endeudaron hasta las cejas en los mercados europeos de
capital. Riesgo inmobiliario y alto endeudamiento ha sido un cóctel
explosivo.

Lo más sorprendente es ver cómo el supervisor, el Banco de España, dejó
crecer ese riesgo y endeudamiento. Su labor de vigilancia y supervisión ha
sido manifiestamente mejorable. La situación actual cuestiona su labor, al
menos hasta 2007. No vale ahora echarle la culpa a la "politización" de las
cajas. No puede lavarse las manos. Alguna explicación merecen los
españoles y que la autoridad bancaria les diga qué hará en el futuro para
desarrollar mejor su función.

Las autoridades autonómicas y locales han puesto su grano de arena. Al
buscar una solución en los matrimonios endogámicos han empeorado la
situación. La unión de dos contagiados no da lugar a uno sano.
Finalmente, el Gobierno ha estado creyéndose durante demasiado tiempo su
propia mentira: que teníamos el mejor sistema bancario del mundo
mundial. Faltó diagnóstico precoz para ver el contagio y diligencia en la
aplicación de la medicina que tenía a mano: el propio Fondo de Garantía de
las Cajas y el FROB. Ahora todo son prisas y precipitaciones. Y así nos va.
La solución para preservar el valor económico que las cajas tienen para la
sociedad y la economía española es la intervención temporal y la depuración
de responsabilidades. Esa intervención no debería llevar aparejada la
obligación de conversión en bancos. Al contrario, debería forzar a las cajas
intervenidas a dar un paso atrás: volver a recuperar su ámbito de negocio
natural. No es imposible. Así se ha hecho en otros momentos de reforma
bancaria.

¿Cuánto costaría la intervención? La vicepresidenta Elena Salgado ha
estimado que unos 20.000 millones adicionales, incluyendo bancos. En
total, un 3% del PIB. Cantidad manejable, y más productiva que los gastos
faraónicos en el AVE. Y menor del 6% del PIB que costó la intervención del
sector privado bancario en los años ochenta, desde Rumasa hasta Banesto.
En todo caso, ese coste no es nada comparado con el valor económico que se
perdería con la desaparición de las cajas.

Creo que vale la pena salvar las cajas. Si no, el epitafio de los historiadores de nuestro sistema financiero será que "entre todos la mataron, y ella sola se murió".

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